Previo Volumen 31: Eliminar la política tóxica de “mano dura” contra la inmigración
As part of the release of Volume 31 of the Harvard Kennedy School Journal of Hispanic Policy (order here!) we are going to be previewing some of the articles of the print edition on our digital platform. On this piece, we translate the preview into Spanish.
Introducion
En el 2018, nuestro país fue testigo de gritos y lágrimas de niños separados de sus padres, encerrados en jaulas (hasta 20 en cada una), forzados a dormir en pisos fríos de concreto y ser sujetos a los abusos de la migra (ICE por sus siglas en inglés). Algunos niños incluso perdieron la vida. También fuimos testigos de la marcha de 7,000 centroamericanos hacia la frontera de los Estados Unidos para exigir justicia. En vez de justicia, fueron gaseados y recibieron balas por la migra. A pesar de que las acciones de Trump contra los inmigrantes constituyen graves abusos a los derechos humanos, nada de esto es nuevo. Más bien, estas acciones son parte de una política de mano dura contra la inmigración construida a través múltiples generaciones en EE.UU. Esta política utiliza la violencia autorizada por el Estado, como el ejército, policía, y las prisiones, para separar familias y controlar a poblaciones desplazadas alrededor de todo el mundo. Es una práctica común para preservar un sistema de opresión y para impedir la movilidad social y política por raza, clase, género, sexualidad, y condición migratoria.
La política tóxica de tener mano dura en contra de la inmigración es un fenómeno global. Hemos visto las mismas prácticas políticas en Europa contra gente del medio oriente, en Australia, Israel, y en México contra centroamericanos. La política comienza con una narrativa deshumanizante, falsa pero poderosa, de que los inmigrantes son personas ilegales y naturalmente criminales.
El ciclo tóxica de tener mano dura en contra de la inmigración
La política tóxica de tener mano dura en contra de la inmigración es un fenómeno global. Hemos visto las mismas prácticas políticas en Europa contra gente del medio oriente, en Australia, Israel, y en México contra centroamericanos. La política comienza con una narrativa deshumanizante, falsa pero poderosa, de que los inmigrantes son personas ilegales y naturalmente criminales. En particular, los políticos dicen que inmigrantes son de “países de mierda” y que son invasores que amenazan los intereses económicos, morales y políticos de los ciudadanos (blancos) de EE.UU. Una vez señalados como amenazas y como poblaciones indeseables, los inmigrantes son criminalizados para legitimar su marginalización por medio de las prisiones, persecución por la migra, y la segregación pública y laboral. A lo largo de todo este proceso, los políticos, las empresas, y las élites sociales se benefician politicamente y economicamente del sistema.
La política de mano dura contra la inmigración tiene sus raíces en el año 1790 cuando el Ciudadano Americano fue definido solo como una persona blanca. Desde entonces, todas las políticas migratorias, propuestas tanto por los Republicanos como los Demócratas, se han enmarcado en una política de mano dura contra la inmigración para proteger al cuidando blanco. No solo proteger al cuidando blanco pero apoyar el desarrollo los ciudadanos blancos a través de la explotación de los inmigrantes y minorías raciales. Este sistema únicamente ofrece protección mínima a los inmigrantes considerados como “dignos” (p. ej. DACA) mientras castiga a más y más inmigrantes designados como “criminales extranjeros.” El Congreso creó este sistema, pero el mismo Congreso, bajo la presión de movimientos populares, también tiene el poder de eliminar este sistema, y darle a los inmigrantes todos los derechos sociales, políticos y legales que desee. El Congreso puede crear un sistema de migración con perspectiva humana, y reparativo, regido por las necesidades de las personas directamente afectadas.
Un Nuevo Paradigma
Tenemos que movernos hacia una nueva política inmigratoria afuera de las políticas que los Republicanos y Demócratas han aportado. Debemos seguir las voces de organizadores e inmigrantes que siguen luchando para eliminar el binario entre el inmigrante que “merece” y el que “no merece” protección y apoyo. En vez estos grupos han defendido a los inmigrantes que el Estado dice que son “criminales” o “ilegales”. Ningún ser humano es “ilegal” o “criminal” sólo por existir.
Nuestra nueva política inmigratoria debe ser un sistema que ayuda a sanar las heridas que nuestra comunidad ha experimentado. Una nueva política debe eliminar las fronteras políticas y en vez asegurar el movimiento libre de todas las personas con derechos humanos, laborales, legales, civiles, y políticos universales. Una nueva política debe garantizar a los trabajadores que emigran a los EE.UU derechos laborales como el derecho a negociar colectivamente por su salario, un salario mínimo para apoyar a sus familiar, y seguros sociales y de salud. Una nueva politica inmigratoria también garantiza que todos los trabajadores son dueños de los productos de su labor y que se pueden quedar con parte de las ganancias de su labor. Esto aseguraría que todos inmigrantes pueden autodeterminar su destino, tener control de su labor, y mejorar su calidad de vida. La nueva política debe eliminar el uso de la jaula (es decir, las prisiones) y crear un sistema que sana el dolor que personas han creado en cometer violaciones sociales y que ayuda a las persona reparar el daño que han causado. También es un sistema que no militariza la frontera, ni obliga a las personas a cruzar por caminos peligrosos.
En cambio, un nuevo sistema debería de crear rutas de migración apoyadas por ayuda humanitaria, servicios de salud y servicios de asesoría y apoyo legal. También el nuevo sistema debería fundar indemnizaciones en los países donde los EE.UU ha tenido un rol en desestabilizar el país y que creó las condiciones para que las personas salgan de su país. Finalmente, una nueva política debe de eliminar la construcción legal y política del concepto de ciudadanía porque es un sistema que le niega a las personas indocumentadas (simplemente por no tener papeles) sus derechos humanos básicos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El sistema actual hace a todos sin papeles valer menos que un “cuidando Americano.” El actual concepto de ciudadanía, basado en si uno tiene papeles o no, pone fundamentalmente en duda nuestro sistema democrático. En vez, deberíamos adoptar un concepto de ciudadanía humanitaria y global con derechos universales de votar y participar completamente en nuestra democracia.
Felipe Hernández
Felipe is a second-year law student at Harvard Law School. He is originally from Paramount, CA. As a first-gen xicano, he completed a double BA in Political Science and Music Performance from UC Irvine. In post-grad, he worked as a Fulbright scholar in Colombia, legislative aid in the CA State Senate, and obtained dual Master degrees in Education from the University of Bristol and in Evidence-Based Social Intervention and Policy Evaluation from the University of Oxford, both as a Marshall Scholar. At HLS Felipe is also a member of the Harvard Legal Aid Bureau, Harvard Defenders, Harvard Immigration Project, Harvard BlackLetter Law Journal, and Harvard Civil Rights and Civil Liberties Review. Felipe is interested in prison & police abolition and dismantling the crimmigration system through social movement building and community lawyering.